IDL-Reporteros

Perfil editorial, propiedad y cobertura reciente de IDL-Reporteros.

Perfil editorial documentado

Investigativo de Perú. Orientación registrada: Centroizquierda. Factualidad: alta. 0 publicaciones enlazadas en la base pública de Verazis.

Alcance registrado: nicho.

Criterio de orientación: Unidad de investigación del IDL dirigida por Gustavo Gorriti: destapó Lava Jato Perú y Cuellos Blancos. Su agenda anticorrupción golpea a todos los sectores, pero su matriz (ONG de DDHH) y sus blancos lo sitúan en la centroizquierda. Es el blanco número uno de la derecha mediática.

Propiedad: Sin fines de lucro; pertenece a Instituto de Defensa Legal (IDL), controlado por ONG de derechos humanos fundada en 1983.

Quién controla el medio: IDL-Reporteros es la unidad de periodismo de investigación del Instituto de Defensa Legal (IDL), una ONG peruana de derechos humanos, y fue fundado en 2010 por el periodista Gustavo Gorriti, quien lo dirige. Opera como medio digital sin fines de lucro con autonomía editorial declarada respecto de la ONG matriz. Se financia principalmente con cooperación internacional y fondos de fundaciones (entre ellas Open Society Foundations), un modelo habitual en medios sin ánimo de lucro pero que sus críticos usan para cuestionar su independencia.

Notas de credibilidad: Su factualidad se considera alta por un historial reconocido de periodismo de investigación con impacto verificable, en especial la serie "CNM Audios"/"Lava Juez" (2018), que destapó corrupción en el sistema judicial. Es un referente citado por medios y academia en América Latina y separa reportería documentada de opinión. Los cuestionamientos que enfrenta provienen sobre todo de actores políticos y judiciales investigados por el medio, no de correcciones o falsedades acreditadas.

Controversias documentadas en la ficha: 2018 — la Fiscalía requirió a IDL-Reporteros entregar audios del caso CNM e interrogar a Gorriti para que revelara fuentes; IPYS lo calificó como presión indebida a la protección de fuentes. 2024 — la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra Gorriti por presunta influencia en fiscales del caso Lava Jato; RSF la denunció como amenaza a la libertad de prensa y a la protección de fuentes. 2024 — un informe del Congreso peruano recomendó cargos penales contra Gorriti; la SIP, el CPJ y organizaciones de 18 países rechazaron el uso del poder legislativo para presionar al periodista. Sus críticos cuestionan su financiamiento vía cooperación internacional (p. ej. Open Society Foundations) para alegar falta de independencia, sin que se haya documentado una vulneración de su autonomía editorial.

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