La reforma a la salud de Petro y la crisis de las EPS en Colombia (2023-2026)

El Gobierno de Gustavo Petro impulsó desde 2023 una reforma que buscaba reducir el papel de las EPS; el proyecto se hundió dos veces en el Senado mientras la Supersalud intervino EPS clave como Nueva EPS y Sanitas en medio de una crisis de financiación del sistema.

Revisada

Estado actual

A julio de 2026 la reforma no es ley: fue archivada por segunda vez en la Comisión Séptima del Senado en diciembre de 2025 por falta de aval fiscal, y el Gobierno mantiene su vía de intervenciones vía Supersalud. Nueva EPS sigue intervenida (prórroga hasta 2027 con Jorge Iván Ospina como interventor, medida cuestionada), mientras Sanitas está en disputa: la Corte anuló su intervención en 2025 pero el Estado busca anular el fallo y enfrenta un arbitraje internacional en el CIADI. El sistema arrastra un déficit histórico.

Cómo se ha contado

La cobertura está marcada por el clima político. Medios y columnistas de centro-derecha (El Colombiano, Semana, Infobae) enfatizan las derrotas del Gobierno, las irregularidades en las intervenciones y la falta de estados financieros de Nueva EPS. Medios y voces afines al Gobierno (RTVC, Minsalud, Razón Pública en parte) subrayan la deuda histórica de las EPS, la insuficiencia estructural del modelo y el 'bloqueo' legislativo. Los datos financieros duros (déficit, UPC, pérdidas) provienen de fuentes técnicas como ANDI, Contraloría y gremios, y son citados por ambos lados con lecturas opuestas.

Hitos documentados

  1. Radicación de la reforma en el Congreso

    El Gobierno de Gustavo Petro, a través de la entonces ministra de Salud Carolina Corcho, radicó el proyecto de reforma a la salud ante el Congreso. La iniciativa buscaba transformar el modelo de aseguramiento vigente desde la Ley 100 de 1993, reduciendo el papel de las EPS como administradoras de recursos y ampliando la gestión pública a través de la ADRES y de centros de atención primaria. La radicación abrió un debate de fondo sobre el futuro del sistema y marcó el inicio de un trámite legislativo que se extendería por más de tres años.

  2. Aprobación en primer y segundo debate en Cámara

    La Cámara de Representantes avanzó el trámite del proyecto tras meses de discusión y numerosas modificaciones al articulado, negociadas entre el Gobierno y las bancadas. La aprobación en la plenaria de la Cámara superó la primera de las cuatro etapas legislativas requeridas y dejó el proyecto listo para pasar al Senado, donde enfrentaría su mayor resistencia en la Comisión Séptima.

  3. Supersalud interviene EPS Sanitas

    La Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión administrativa de Sanitas y designó un agente interventor, alegando incumplimiento de indicadores financieros, de solvencia y de reservas técnicas. El Grupo Keralty, propietario de Sanitas, rechazó la medida y la calificó de ilegal, anunciando que la impugnaría por la vía judicial. La intervención marcó el paso del Gobierno de la vía legislativa a la administrativa para incidir en el sistema.

  4. Se hunde la reforma en Comisión Séptima del Senado e intervienen Nueva EPS

    La Comisión Séptima del Senado archivó por primera vez el proyecto tras aprobar una ponencia de archivo respaldada por una mayoría opositora, con ponentes del Centro Democrático entre los promotores. El mismo día, la Supersalud intervino Nueva EPS, la aseguradora con más afiliados del país (más de 11 millones), citando deficiencias en sus estados financieros y en su gestión. La coincidencia de ambos hechos evidenció la doble estrategia: legislativa y de intervención directa.

  5. Cámara aprueba en segundo debate la nueva reforma

    Con 90 votos a favor y 28 en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó un nuevo proyecto de reforma tras un mensaje de urgencia del presidente Petro, que aceleró su trámite. Este segundo intento reformulaba parte del articulado hundido en 2024 y volvía a poner el debate en el centro de la agenda, encaminando el texto de nuevo hacia el Senado.

  6. El texto pasa al Senado

    El proyecto de ley 312 de 2024 – 410 de 2025 se remitió a la Comisión Séptima del Senado, la misma célula legislativa que había archivado la iniciativa en 2024. El traslado dejó el futuro de la reforma en manos de una comisión con una composición mayoritariamente opositora, lo que anticipaba un trámite difícil pese al aval de la Cámara.

  7. Supersalud prorroga la intervención de Sanitas

    La Superintendencia Nacional de Salud extendió por un año más la intervención administrativa de Sanitas, manteniendo la posesión de la EPS bajo agente interventor. El Grupo Keralty rechazó la prórroga y la calificó de arbitraria, improvisada e ilegal, en un momento en que su impugnación judicial contra la intervención original seguía en curso ante la Corte Constitucional.

  8. La Corte Constitucional anula la intervención a Sanitas

    Mediante la Sentencia SU-277 de 2025, la Corte Constitucional dejó sin efecto las resoluciones de la Supersalud por considerar que se violó el debido proceso de Sanitas, un defecto de carácter procesal. El fallo autorizó a Keralty a retomar la administración de la EPS, pero no se pronunció sobre la salud financiera de la aseguradora; la disputa de fondo quedó abierta. La decisión representó un revés judicial para la estrategia de intervenciones del Gobierno.

  9. El Gobierno busca anular el fallo de la Corte

    La Supersalud presentó una solicitud de aclaración y de nulidad de la Sentencia SU-277 de 2025 ante la Corte Constitucional, alegando presuntos defectos materiales graves en la decisión. Con esta actuación, el Gobierno buscó revertir el fallo que devolvía el control de Sanitas a Keralty, prolongando la incertidumbre jurídica sobre el estatus de la EPS.

  10. Segundo hundimiento en la Comisión Séptima del Senado

    La Comisión Séptima del Senado archivó por segunda vez la reforma al aprobar el informe de ponencia de archivo con 8 votos contra 5. El punto crítico esgrimido por los ponentes fue la falta de un aval fiscal claro que garantizara la financiación del nuevo modelo. Con este segundo hundimiento, la reforma quedó nuevamente sin convertirse en ley y el Gobierno reafirmó su vía de intervenciones administrativas.

  11. Se constituye el tribunal arbitral CIADI por Sanitas

    Los propietarios de Sanitas formalizaron una demanda contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por unos USD 1.200 millones, alegando afectación a su inversión por la intervención. Con la constitución del tribunal arbitral y la designación de Andrés Jana como árbitro presidente, la disputa escaló al plano internacional y expuso al Estado a una eventual indemnización multimillonaria.

  12. Prórroga de la intervención de Nueva EPS hasta 2027

    La Supersalud extendió hasta 2027 la intervención de Nueva EPS y designó a Jorge Iván Ospina como agente interventor. La medida y su designación fueron posteriormente cuestionadas: la propia Supersalud reportó presuntas irregularidades y el nombramiento fue objeto de reparos por presunto incumplimiento de requisitos, sin que existan condenas ni imputaciones. La prórroga mantuvo bajo control estatal a la aseguradora con más afiliados del país.

Protagonistas e instituciones

Gustavo Petro
Presidente de Colombia; impulsor de la reforma; sin imputaciones penales en este caso, actor político central.
Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud)
Entidad que ordenó las intervenciones de Nueva EPS y Sanitas; algunas de sus resoluciones fueron anuladas por la Corte por violar el debido proceso.
Grupo Keralty (dueño de Sanitas)
Accionista privado que impugnó la intervención; obtuvo fallo favorable (SU-277 de 2025) y demanda al Estado ante el CIADI por unos USD 1.200 millones.
Jorge Iván Ospina
Agente interventor de Nueva EPS designado en 2026; su nombramiento fue cuestionado por la propia Supersalud por presunto incumplimiento de requisitos, sin condena ni imputación.
Comisión Séptima del Senado
Instancia legislativa que archivó la reforma en 2024 y 2025; mayoría opositora liderada por ponencias del Centro Democrático.
Corte Constitucional
Anuló la intervención a Sanitas mediante la Sentencia SU-277 de 2025 por defecto procesal; el Gobierno pidió su nulidad.

Procesos activos

  • Arbitraje internacional ante el CIADI por la intervención de Sanitas, con tribunal constituido en enero de 2026 y demanda cercana a USD 1.200 millones.
  • Solicitud de nulidad del Gobierno/Supersalud contra la Sentencia SU-277 de 2025 ante la Corte Constitucional.
  • Orden judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que obliga a Nueva EPS a publicar estados financieros de 2023, 2024 y 2025.
  • Investigación de la Contraloría por presuntas irregularidades y faltantes en reservas y anticipos de Nueva EPS.
  • Actuación en la Procuraduría por presuntas irregularidades en la prórroga de la intervención de Nueva EPS y la designación del interventor.

Consecuencias documentadas

  • El sistema quedó sin reforma legal aprobada tras tres años de trámite, manteniendo el modelo de EPS pero con parte de él bajo intervención estatal.
  • Varias EPS grandes (Nueva EPS, Sanitas y otras) quedaron intervenidas, concentrando en el Estado la gestión de millones de afiliados.
  • La anulación de la intervención de Sanitas y el arbitraje CIADI exponen al Estado colombiano a una eventual indemnización multimillonaria.
  • Se agudizó la crisis financiera: pérdidas cercanas a 7,3 billones en 2025, patrimonio negativo del sector e insuficiencia de la UPC y del presupuesto máximo.
  • Aumentaron las barreras de acceso y las quejas de usuarios, según informes de inicio de 2026.

Datos documentados

  • Nueva EPS, la aseguradora con más afiliados del país (más de 11 millones), acumuló mora superior a 37 meses en la publicación de sus estados financieros de 2023.
  • La Comisión Séptima del Senado hundió la reforma dos veces con la misma composición opositora clave, incluyendo senadores del Centro Democrático como ponentes del archivo.
  • La demanda de los dueños de Sanitas ante el CIADI ronda los USD 1.200 millones (unos 5,2 billones de pesos), cifra que podría aumentar.
  • El sistema de salud cerró 2025 con pérdidas operacionales cercanas a 7,3 billones de pesos y patrimonio negativo superior a 15 billones.

Mitos y realidad documentada

La reforma fue aprobada y ya eliminó las EPS.
El proyecto se hundió dos veces en la Comisión Séptima del Senado (abril 2024 y diciembre 2025) y a mediados de 2026 no es ley; las EPS siguen operando, aunque varias están intervenidas.
La crisis financiera de las EPS empezó con Petro.
El déficit es estructural: la Sala de Seguimiento de la T-760 (2008) y estudios gremiales venían advirtiendo insuficiencia de la UPC desde años atrás; el faltante por deficiencia de UPC 2021-2025 se estima en decenas de billones.
La Corte Constitucional le dio la razón total a Keralty sobre el fondo.
La Sentencia SU-277 de 2025 anuló la intervención de Sanitas por violación del debido proceso (defecto procesal), no por declarar que la EPS estuviera sana financieramente; la disputa de fondo sigue en el CIADI.
Las intervenciones de la Supersalud son puramente políticas y sin base.
La Supersalud las sustentó en indicadores financieros y de solvencia; a la vez, la Corte halló fallas de debido proceso en Sanitas y la propia Supersalud reportó irregularidades en la prórroga de Nueva EPS, mostrando que hay reparos por ambos lados.

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Documentos y fuentes para profundizar

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